El asunto evidentemente era serio. No sólo se trataba de una rueda de prensa oficial en la Casa de Nariño, sino que en la mesa estaban sentado el presidente de la República Juan Manuel Santos junto a la plana mayor de sus investigadores: la fiscal Vivian Morales, ubicada a su izquierda, la contralora general de la nación Sandra Morelli y la viceprocuradora Martha Castañeda, ambas a su derecha, mientras en los extremos de esta mesa de pesos pesados estaban, respectivamente, el general Oscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional, y Mauricio Santamaría, Ministro de Protección Social.

Santamaría, precisamente, era el más tenso. Él sabía que lo que su jefe le iba a contar al país no era nada bueno, especialmente porque su cartera iba a tener que afrontar días de trueno.

Santos comenzó la rueda de prensa hablando pausado, contando que durante ese mismo 2 de mayo se habían realizado varios allanamientos en diferentes oficinas de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y del mismo Ministerio, y que lo que se habían encontrado era aterrador. “Se descubrieron desfalcos en varias modalidades, una de ellas por 30 mil millones de pesos en autorizaciones de pagos a las EPS”, dijo mirando a las cámaras, luego agregó que era sólo “la punta del iceberg”.

Lo cierto es que desde ese pasado 2 de mayo la salud en Colombia entró en una crisis sin precedentes. Los errores de la Ley 100 de 1993, la falta de atención de todos los gobiernos, los despropósitos de las reformas al tema durante la administración Uribe y un evidente afán de dolo de muchas EPS condujeron a un desfalco multimillonario en el que el único gran perdedor es el usuario, el ciudadano de a pie al que no sólo lo han estafado en lo económico, sino que a lo largo de los últimos años lo han robado en su bienestar. La salud de los colombianos, literalmente, estaba agonizando.


El origen del mal

Una semana antes del operativo de la Policía y la Fiscalía en las EPS y MinProtección, el senador Jorge Robledo había denunciado públicamente lo que llamó “carteles en el negocio de la salud”. El congresista dio pruebas de doble facturación, recobros y registro de atenciones inexistentes en la gran mayoría de Empresas Prestadoras de Salud del país, pero lo más importante fue la voz que por fin criticó algo que desde hacía años tenía cansados a todos los colombianos: los problemas de cobertura del Plan Obligatorio de Salud (POS). Esto llevó a que la Superintendencia de Industria y Comercio comenzara a investigar a 14 afiliadas a la Asociación Colombiana de Medicina Integral (Acemi), nombre que se convertiría en sinónimo del escándalo pues su accionar fuera de la ética y la ley venía de tiempo atrás.

“En reuniones con Acemi sostenidas entre 2006 y 2009, las EPS de manera concertada y deliberada unificaron criterios para negar servicios que estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que, por lo tanto, estaban obligadas a cubrir. Para ello definieron en conjunto qué debía ser considerado POS y qué tratamientos y medicamentos debían ser considerados No-POS”, señala la periodista Juanita León en el blog Lasillavacía.com.

Esta investigación demuestra con documentos cómo las EPS aprovecharon desde hace varios años los llamados “espacios grises” de la Ley 30 de 1993, esos que los propios integrantes de Acemi utilizaron en su defensa cuando el escándalo les explotó en la cara: “La ausencia de una política farmacéutica y de control de precios y la no regulación de los servicios NO POS (...) permitió durante muchos años incentivos perversos cuyos resultados hoy se endilgan de manera exclusiva a las EPS”, señaló la Asociación en un comunicado muy criticado por los medios.

Por supuesto, esta reacción de “la culpa es nuestra, pero no es nuestra” tenía que ser repudiada, pero en el fondo era cierta: el vacío legal era enorme y esto sólo explotó porque la situación era insostenible. A fin de cuentas, como bien lo señala el doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica de Colombia, “era imposible seguir ocultando la magnitud de la quiebra del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Lo más curioso y triste del asunto es que esta crisis empezó con la Constitución del 91. Aunque parezca extraño, fue la Carta Magna la primera que dirigió la salud y el bienestar a las praderas del mercado y sus maleabilidades, ya que en su artículo 48 señala que: “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”, añadiendo luego que: “La seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la Ley”.

Mejor dicho, con este artículo se abrió la puerta para que se comercializara la seguridad social, hecho que se concretó con la polémica Ley 100 que le dio vida a las EPS, que no son otra cosa que la privatización de un servicio que antes era obligación del estado, y que en últimas terminó por quebrar al antiguo Seguro Social.

“La arrolladora capacidad de presión de las EPS privadas y la eficacia de su lobby se reflejan en la eliminación del Seguro Social y de las Cajas de Previsión, que eran lo únicos entes estatales capaces de competirles. Al sacar del escenario a estos competidores, con la complicidad de los gobiernos y de los congresistas, abrieron el camino para adoptar prácticas oligopólicas de integración vertical y se organizaron en cartel para acelerar la acumulación a gran escala”, acusó Isaza en un documento de la Fundación Razón Pública publicado en junio pasado.

Esa ambición desmedida fue la que llevó a que la corrupción navegara con calma en las aguas turbias del sistema.

Incluso, jugando con las leyes del libre mercado que les permitió la Ley 100, las EPS asociadas en Acemi incurrieron en lo que se conoce como competencia desleal, según reporta la Superintendencia de Industria y Comercio en un informe del superintendente delegado Pablo Márquez, quien encontró “diversas pruebas que señalan que las EPS-C agremiadas en Acemi realizaron un acuerdo anticompetitivo para intentar ocultar o falsear la información remitida a los entes reguladores, afectando la debida transparencia en el mercado de aseguramiento en salud”.

Un problema multimillonario

El 2 de mayo pasado el presidente Santos no sólo reveló un escándalo de corrupción gigantesco, sino que hizo caer en la cuenta a todo el país de la cantidad de dinero que se mueve en el sector. “Somos el país en América Latina que más dedicamos a la salud en términos de porcentaje del PIB, $ 28 billones”, recordó el mandatario, haciéndonos notar que casi el 6 % del Producto Interno Bruto se va para un área en donde no sólo esa cantidad de dinero es mal administrada, sino que se roban buena parte de ella.

¿Cómo fue este desfalco a la nación? El Gobierno establece un precio del servicio de aseguramiento en salud llamado UPC según las necesidades que le demuestren las EPS, y si los datos son falsos, si señalan que los tratamientos y medicamentos cuestan más, si hacen doble facturación, si aparecen usuarios inexistentes exigiendo tratamientos costosos y demás, el UPC sube con lo que los dineros públicos destinados para este fin (para financiar el POS) terminan en bolsillos particulares.

“Se verificó que las mallas validadoras, filtros y los diferentes mecanismos de verificación utilizados por los entes reguladores del sistema son insuficientes para confirmar la veracidad de la información reportada por las EPS-C agremiadas en Acemi, más aun cuando se probó que existe un acuerdo entre las mismas para ocultar y falsear la información que se remite a estos entes, impidiendo la debida transparencia en el mercado”, señala de forma contundente el informe de la Superintendencia.

En este fraude también incurrió Saludcoop, EPS que fue intervenida a los pocos días de que Santos revelara el escándalo. La que era una de las empresas más grandes del país, con más de $ 2,6 billones en ingresos durante el 2010 y cuatro millones de afiliados, le facturó al Gobierno medicamentos y demás con sobrecostos de $1 billón.

Lo peor del asunto es que todo esto se pudo prevenir. El sistema permitió la integración vertical de las EPS, que podían así funcionar como grupos o corporaciones económicas con intereses en otros sectores que además contrataban entre sí, con lo que el interés monetario primó sobre el bienestar social.

Saludcoop, por ejemplo, es una compañía con 29 firmas diferentes que, sin embargo, no está registrada como grupo pues con eso evita la carga impositiva que eso implica. Esto, por supuesto, está siendo investigado por la Superintendencia. Pero el problema es que no se investigó antes y, para mayor mea culpa del Gobierno anterior, hubo una orden para hacerlo.

En el 2008 las denuncias en contra de las EPS, especialmente en lo referente a tutelas y derechos violados, llevaron a la Corte Constitucional a pronunciar la Sentencia T-760 sobre el derecho a la salud. En ella se les exigía a las EPS, aparte de un informe sobre la respuesta a las tutelas y otras arandelas más, una actualización de los planes de salud, un informe trimestral sobre la respuesta a los servicios que se les solicitan con carácter urgente, una unificación de planes de beneficios para niños y niñas, y un programa y cronograma para la unificación gradual y sostenible del POS.

Todo era perfecto, parecía una intervención adecuada, pero en el 2010, cuando organizaciones de la sociedad civil (usuarios, estudiantes, universidades) crearon la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (llamada CSR), la sorpresa fue triste: las EPS habían enviado informes vacíos, el avance era mínimo, el sistema seguía con sus fallas estructurales a pesar de que habían transcurrido dos años desde la sentencia...

La CSR realizó entonces varios informes que le entregó a la Corte, y en uno de ellos señalaba que “se trata de una crisis del modelo de relación Estado – Sociedad (mercado) que se ha venido implantando desde comienzos de los años 90, según la cual el Estado se retira de la provisión de servicios públicos, abre la participación de agentes de mercado y se concentra en la regulación”.

En otras palabras, la Corte Constitucional ya estaba advertida de la falla del sistema, el Congreso ya tenía voces señalando la crisis del sector (porque no sólo fue Robledo, el representante a la Cámara Simón Gaviria fue un duro crítico de la integración vertical), e incluso la Superintendencia de Salud ya sabía de los problemas administrativos de las EPS, pues en 2010 le había exigido a la propia Saludcoop restituir a la nación $ 627.000 millones.

La pregunta es: si todos estaban al tanto, ¿por qué nadie hizo nada en los últimos años y permitieron que un sistema equivocado hiciera un hueco tremendo en las finanzas del país? La primera explicación está en la corrupción del sector, pero hay que ir más a fondo. El sector privado de la salud, como bien lo denunció el doctor Isaza, tiene un fuerte poder de cabildeo en el Congreso, tal como lo tienen las grandes corporaciones.

Porque eso es la salud en Colombia: un negocio en el que los únicos que no están ganando son los propios colombianos.